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QUÉ SÍ Y QUÉ NO
PROHIBICIONES Y POSIBILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

Responsabilidad por violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Elemento subjetivo

  • Los servidores públicos no pueden difundir los resultados de sus gobiernos. 

Elemento objetivo

  • Que la difusión de la propaganda tenga como finalidad influir en la equidad de la contienda electoral.
  • Que la propaganda utilice imágenes, símbolos, nombres o voces de los servidores públicos y que sea difundida en medios de comunicación social. 

Prohibiciones que marca el Instituto Nacional Electoral en materia de propaganda gubernamental para los servidores públicos.

Conducta

  • Condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, el otorgamiento de la administración o la provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares a:

La promesa o demostración del voto a favor de algún aspirante, precandidato, candidato, partido o coalición, a la abstención, o bien, a la no emisión del voto en cualquier etapa del proceso electoral.

La promesa, compromiso u obligación de asistir, promover o participar en algún evento o acto de carácter político o electoral.

Realizar o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista, de logística o análogas en beneficio o perjuicio de partido político o coalición.

No asistir a cumplir sus funciones en la mesa directiva de casilla.

  • Entregar o prometer recursos públicos en dinero o en especie, servicios, programas o cualquier recompensa a cambio de alguna de las conductas referidas en el punto anterior.
  • Amenazar o condicionar con no entregar recursos, en dinero o en especie, provenientes de programas públicos federales, locales o municipales.
  • Suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos.
  • Recoger, retener o amenazar con hacerlo, la credencial para votar, a cambio de la entrega o mantenimiento de recursos públicos.
  • Ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega, otorgamiento, administración o provisión de recursos con símbolos de promoción personalizada de funcionarios públicos, la promoción del voto a favor, o en contra de partidos políticos así como la abstención de votar.
  • Entregar, otorgar, administrar o proveer recursos con elementos simbólicos de partidos y/o candidatos.
  • Obtener o solicitar declaración firmada a los electores del sentido de su voto.
  • Permitir o tolerar la utilización de los fondos a su cargo, recursos humanos, materiales o financieros que tenga a su disposición para promover o influir o inhibir, de cualquier forma, en el voto respecto de un partido político o candidato.
  • Utilizar medios de comunicación social oficiales, de los tiempos del Estado a que el servidor público tenga derecho o que sean contratados con recursos públicos, así como los sitios de internet oficiales y sus redes sociales, para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato.
  • Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades político-electorales.
  • Emplear recursos públicos que vulneren la equidad de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos o candidatos a juicio de la autoridad electoral.
  • Asistir en día y/u hora hábil en términos de la normatividad legal a actos partidistas sin importar que goce de licencia.
  • Usar recursos públicos para difundir propaganda.
  • Difundir informes de labores desde la campaña hasta la jornada electoral.
  • Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales.
  • Durante las campañas electorales y hasta la jornada electoral, la inclusión de elementos visuales con lemas de gobierno puede ser contrario al principio de imparcialidad (punto segundo del acuerdo).
  • La obligación de publicar las reglas de operación de los programas sociales, de lo contrario se presume el uso electoral.
  • El uso de los padrones de beneficiarios para promocionar a cualquier gobierno, partido o candidato vulnera la imparcialidad en el proceso electoral.
  • Promoción de la campaña de participación ciudadana del Instituto, en específico, la subcampaña de promoción del voto libre y secreto.
  • La propaganda utilice imágenes, símbolos, nombres o voces de los servidores públicos y sea difundida en medios de comunicación social. 

Prohibiciones y alcances de actuación en materia de propaganda gubernamental para servidores públicos, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

  • Respecto a qué debe entenderse por medios de comunicación social, la Sala Superior emitió la sentencia SUP-RAP-160/2012, en la que se planteaba si por medios de comunicación social debía entenderse también la exhibición en cines, se manifestó que cuando la constitución se refiere a la propaganda, "bajo cualquier modalidad de comunicación social", comprende, según entiende la Sala Superior, al cine y, más concretamente, los "cineminutos", "cinenotas", "cinemensajes" o, en general, cualquier promocional o mensaje comercial que aparezca con motivo de la exhibición de una película en una sala de cine.
  • En el expediente SUP-RAP-482/2012, la Sala Superior consideró que no existía restricción alguna para que los servidores públicos apoyaran en los procesos electorales a un partido político o candidato (caso de Marcelo Ebrard apoyando a Andrés Manuel López Obrador). Por ello, se considera, que sí los servidores públicos no tienen restricción para apoyar a candidatos o partidos en las contiendas electorales, por mayoría de razón no podrán ser restringidos para manifestar su apoyo a una determinada política pública o decisión de su partido, fuera de los procesos electorales. No obstante, está prohibido hacerlo en días y horas hábiles.
  • En campañas electorales están prohibidas las campañas de difusión de propaganda gubernamental, salvo las excepciones constitucionales. Por ello, fuera del periodo de campaña electoral, aun cuando se difunda la imagen de un servidor público, no existe una vulneración al principio de equidad en la contienda y, por tanto, no existe irregularidad administrativa electoral. SUP-RAP-119/2010.
  • La promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a promocionar al servidor público destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales (SUP-RAP-43/2009).
  • La promoción personalizada del servidor público se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto (se trate del propio servidor, de un tercero o de un partido político), o  al mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de elección popular, o cualquier referencia a los procesos electorales. (SUP-RAP-43/2009).
  • En el expediente SUP-REP-0005/2015, la Sala Superior emite los siguientes criterios: a) Que del artículo 134 párrafo octavo no se desprende la necesidad de que la propaganda gubernamental implique la promoción a favor de alguno de los sujetos involucrados en una contienda electoral, por el contrario, implica el reconocimiento de que la propaganda gubernamental puede influir indebidamente en la contienda electoral; b) Que la propaganda gubernamental que adquiere tintes de promoción personalizada, no necesariamente debe contener referencias explícitas a un proceso electoral o realizarse con el fin de posicionar a un servidor público o romper con los principios rectores de los procesos electorales; c) Que la violación a la restricción constitucional impuesta a la propaganda gubernamental, constituye una auténtica regla prohibitiva de rango constitucional; d) Que debe distinguirse entre promoción personalizada difundida a través de actividad periodística y la derivada de propaganda gubernamental; e) Que debe analizarse el contexto integral en que se efectúan las conductas, como son la reiteración o sistematicidad de la conducta, así como las acciones estratégicas, para el posicionamiento del sujeto cuya promoción personalizada se denunció.

Temporalidad

  • La restricción para la difusión de programas sociales y el uso de ciertos de ellos se refiere a la campaña electoral. Sin embargo, la restricción puede ser anterior y abarcar todo el proceso electoral o incluso fechas anteriores, porque puede haber supuestos en los que aun sin haber dado inicio formal el proceso electoral, la proximidad al debate propio de los comicios evidencie la promoción personalizada de servidores públicos. Cabe señalar que se trata de promoción de servidores públicos que quieran participar en los comicios como candidatos, lo cual no es el caso.

Supuestos que sí pueden realizar y que no se consideran violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Conducta

  • Desempeñar sus funciones únicamente para el ejercicio de las actividades que tiene encomendadas constitucional y legalmente.
  • Utilizar y administrar los recursos públicos y programas sociales que tienen a su disposición, de manera imparcial y destinarlos exclusivamente a los fines a que están afectos.
  • La difusión del ejercicio de sus actividades deberá realizarse sin influir directa o indirectamente a favor o en contra de determinado partido político o candidato. La cobertura informativa está permitida, lo prohibido es la difusión de programas sociales.
  • Realizar las actividades con la finalidad de dar continuidad e implementar los acuerdos, planes y programas que tengan programados, siempre que no impliquen o puedan implicar el apoyo a determinado partido político o la inhibición del voto a determinado partido político o candidato.
  • En términos del punto SEXTO y OCTAVO del acuerdo INE/GC67/2015, promover la celebración de convenios con los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de evitar el empleo indebido en proceso electoral de bienes, servicios y recursos que tengan a su disposición.
  • Se ha sostenido que la utilización de los partidos políticos, de información derivada de los programas de gobierno (mutatis mutandi, de la política legislativa de sus legisladores), no transgrede la normativa electoral.
  • Los partidos políticos si pueden difundir los resultados de sus gobiernos cuando no sean excesivos o desproporcionados. 
  • La prohibición establecida en el artículo 134 constitucional no impide que los funcionarios dejen de realizar sus tareas como servidores públicos, como participar activamente en la entrega de bienes y servicios a los gobernados en la demarcación territorial que corresponda (SUP-RAP-106/2009, SUP-JRC-273-2010 y acumulados).
  • La participación activa de servidores públicos en actos proselitistas, celebrados en días inhábiles, tiene sustento en las libertades de expresión, reunión y asociación (SUP-RAP-75-2010). ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.
  • Los legisladores pueden difundir sus informes de actividades a través de promocionales de radio y televisión, a excepción del período comprendido por campañas electorales (75 y 82/2002, 87/2009 y 89/2009).

Propaganda

  • Si la difusión de la propaganda gubernamental no hace referencia a partidos políticos, candidato, elección, fecha electiva o utilizar la palabra voto o cualquier relacionada con las elecciones.
  • El acuerdo INE CG61/2015 establece cuáles son las campañas de información, educación, salud y protección civil que pueden seguir siendo difundidas en medios de comunicación social.

Contenido e Instrumento de Difusión

  • Si los servidores públicos aparecen por cobertura informativa en medios, no se vulnera el principio de imparcialidad siempre que no se difunda institucionalmente a través de medios de comunicación social.
  • La promoción personalizada no se actualiza por la sola publicación de notas informativas en medios de comunicación respecto de los actos en que participó el servidor público (SUP-RAP-69/2009).
  • La simple circunstancia de que en notas periodísticas, fotografías e impresiones de internet, aparezca la imagen y nombre de un funcionario público, en diversos actos públicos, no es suficiente para acreditar  el uso de los medios de comunicación para hacerse promoción de manera personal y directa (SUP-RAP-69/2009, SUP-RAP-106/2009).
  • La incorporación de fotografías o el nombre de algún servidor público en los portales de internet institucionales no constituye promoción personalizada si es de carácter meramente informativo (SUP-RAP-67/2009, SUP-RAP-150/2009 y SUP-RAP-271/2009).
  • Está justificada la inclusión de una imagen de un servidor público cuando tal dato sea proporcional al resto de la información y resulte necesaria para que la ciudadanía tenga un conocimiento cabal del asunto. La imagen no debe desvirtuar el carácter objetivo, imparcial y cierto de la información sobre las actividades o el ejercicio de las atribuciones encomendadas a la autoridad. SUP-RAP-43/2014

Temporalidad

  • Fuera del proceso electoral y dependerá de la legislación federal o local respectiva.

¿Pueden los servidores públicos participar en eventos públicos durante las campañas electorales?

SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 y 134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que, a fin de respetar los principios de imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen los procesos comiciales, se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios, si no difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos electorales.

¿Qué conductas de los servidores públicos se consideran delitos electorales?

  • Cuando Coaccionan o amenazan a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
  • Condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.
  • Destinen, utilicen o permitan la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.
  • Proporcionen apoyo o presten algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores.
  • Soliciten a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.
  • Se abstengan de entregar o negar, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.
 
 

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